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La Ley de Propiedad Intelectual

on 04 Febrero 2010. Posted in Especiales

Poner puertas al campo

 

Nadie duda de la necesidad de proteger los derechos de propiedad intelectual de los autores, de hecho, sabemos que muchos se lucran de las descargas ilegales. Pero la pregunta es ¿cómo acudir en su defensa sin ir en detrimento de los derechos de los internautas?

 

Francia, Gran Bretaña, Alemania e Italia ya contemplan en sus legislaciones sanciones, multas o incluso el corte del servicio. Pero ¿dónde queda la garantía del fallo del juez? En España, la nueva legislación que está en tramitación ha encendido los ánimos de la comunidad de internautas, pero no por el contenido de la misma, sino por la forma. Desde luego camuflar toda una serie de reformas en el paraguas de una complejísima y extensa Ley de Economía Sostenible (o, mejor dicho, el Anteproyecto de dicha ley), no ha sido la mejor de las fórmulas para soslayar obstáculos, antes al contrario, ha servido para incendiar el recelo de los líderes de opinión de la web. Tampoco parece claro el papel del juez a la hora de pronunciarse ¿dictará sentencia previo juicio? ¿Qué pasará en ese impás de tiempo de ser así? ¿Se establecerán indemnizaciones en el caso de probarse la inocencia del acusado?

 

Lo que piden los internautas

  • Creen que los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.
  • Consideran que la suspensión de derechos fundamentales debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. En su opinión, este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.
  • Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.
  • Creen que los autores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones.
  • Consideran que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones.
  • Creen que Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas.
  • Exigen que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.
  • Proponen una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.
  • Consideran que las leyes y sus modificaciones sean aprobadas tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas.

 

 

La sensación final es la de que se está tratando de poner puertas al campo: sencillamente Internet se nos escapa de las manos. Y esto asusta por una doble razón: porque tememos que se vulneren nuestros derechos de una parte (sobre todo la propiedad intelectual y la intimidad) y de otra porque tememos más aún depender de nosotros mismos para regularnos, puesto que ¿quién vigilará a quien nos vigile?

 

El debate social en torno a esta cuestión promete ser largo y proceloso, pero, si se escuchan todas las voces, es probable que se consigamos tomar decisiones bien justificadas que nos permitan seguir avanzando en la dirección adecuada: proteger los derechos de los creadores y hacer posible que lleguen sus obras a la mayoría de los ciudadanos.