El Gobierno cree que la cláusula de la aerolínea que pide el DNI a los niños es abusiva y viola las normas de seguridad aérea. Por su parte, la compañía alega que los pasajeros aceptan las condiciones.

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El Instituto Nacional de Consumo, dependiente del Ministerio de Sanidad, ha remitido a la Fiscalía General del Estado un expediente sobre Ryanair en el que le insta a actuar contra la aerolínea. En ese documento se expone que las prácticas de embarque lleva a cabo la compañía irlandesa, que exige a los viajeros el DNI o el pasaporte para volar, aunque sean menores de edad y no tengan obligación de tenerlo, son "abusivas". Consumo sostiene además que esa obligación vulnera el Plan Nacional de Seguridad Aérea y los derechos de los consumidores. La legislación española permite que los menores de 14 años que viajen acompañados acrediten su identidad presentando el libro de familia. No obliga a que tengan Documento Nacional de Identidad. Ryanair, sin embargo, sí se lo exige. Un sistema que, según Consumo, ha provocado que decenas de niños, y sus familias, hayan perdido los vuelos que ya tenían contratados.

Etelvina Andreu, directora del Instituto Nacional de Consumo, asegura que esa práctica de la aerolínea irlandesa es "absolutamente ilegal". Y su exigencia no incluye solo a los menores, aunque estos son los más afectados, porque muchos aún no tienen DNI. El Plan Nacional de Seguridad Aérea -de obligado cumplimiento para todas las compañías que operan en España, incluida Ryanair- reconoce como documentación válida para los vuelos nacionales los documentos de identidad expedidos en cualquier país de la UE, el pasaporte, el carné de conducir español y el permiso de residencia en España o alguno de los Estados Schengen. Pero no todos estos documentos son válidos para Ryanair.

La aerolínea ignora las críticas. "Ryanair es una compañía irlandesa, y nuestros términos y condiciones informan al pasajero claramente de que todos deben tener un documento de identidad válido y con fotografía", dice un portavoz por correo electrónico. Eso excluye el libro de familia. A Consumo no le sirve la respuesta. "Esa cláusula no puede existir. Ni esa compañía ni otra pueden fijar la documentación necesaria para viajar desde España. Eso ya está regulado", argumenta su directora. "El marcar la casilla de 'yo acepto' no da derecho a la compañía a incluir cláusulas abusivas e ilegales. Y esa lo es", añade.

El Gobierno ha recibido, según detalla el documento enviado a la fiscalía, notificación de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea sobre esa práctica. A eso se suman las continuas reclamaciones de los viajeros. Todo eso, argumentan, "aconsejan el ejercicio de una posible acción de cesación".

Fuente: El País